Crisis deja a los cristianos aún más vulnerables en Malí

La noticia de que las autoridades militares de Malí, el 13 de mayo, disolvieron todos los partidos políticos y revocaron leyes que protegían la participación política es sumamente preocupante”, dijo Jo Newhouse (pseudónimo), portavoz de Puertas Abiertas en África Subsahariana.

La medida va en contra de la Constitución de Malí promulgada por el gobierno de transición en 2023, tras un referéndum que garantizó el sistema multipartidista. También representa un nuevo paso en el deterioro creciente del respeto por los derechos humanos fundamentales.

En un comunicado difundido por la televisión estatal de Malí el martes, las autoridades declararon que “todas las reuniones de miembros de partidos políticos y organizaciones de carácter político quedan disueltas en todo el territorio nacional”. El líder militar Assimi Goïta, quien tomó el poder tras los golpes de Estado de 2020 y 2021, validó la decisión.

El general Goïta permanecerá en el poder al menos cinco años más, a pesar de las promesas de realizar elecciones en febrero de 2022, según el portal de noticias BBC. Una conferencia nacional organizada por el régimen en abril pasado recomendó que se le nombrara presidente hasta 2030, pero el encuentro fue boicoteado por los principales partidos de oposición.

Nuevo desplazamiento masivo

En este contexto, figuras de la oposición y grupos de derechos humanos condenaron la medida más reciente. Tras protestas contra el decreto, al menos tres miembros de la oposición fueron presuntamente arrestados y su paradero se desconoce actualmente. Este es un ejemplo del agravamiento de la seguridad tras el cierre de la misión de paz de la ONU, MINUSMA, a finales de 2023 en el país.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), las violaciones y abusos aumentaron en casi un 120% entre 2023 y 2024 en Malí. Los civiles en todo el país siguen enfrentando ataques mortales, incluidos asesinatos, secuestros y violencia sexual y de género por parte de grupos extremistas como Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) y el Estado Islámico en la Provincia del Sahel. También se ha acusado a fuerzas gubernamentales, como el “Cuerpo Africano” o el grupo “Wagner”, de cometer abusos graves.

“Los cristianos en Malí han enfrentado una persecución creciente en los últimos años. Los peligros son especialmente intensos en la frontera con Burkina Faso y Níger, conocida como la región de Liptako-Gourma, epicentro de la actividad terrorista en el Sahel. La violencia ha provocado desplazamientos masivos y una crisis humanitaria.

Aunque todos se ven afectados, los cristianos son un blanco preferente para los yihadistas y, como minoría, enfrentan desafíos adicionales. Al cerrar el espacio democrático y restringir aún más las libertades civiles, la junta está ejerciendo una presión no deseada sobre una situación ya volátil”, concluyó Newhouse.

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