Gobierno cierra instituciones religiosas benéficas en Nicaragua

En un ataque continuo contra la sociedad civil y la libertad religiosa, el gobierno de Nicaragua ha disuelto varias organizaciones sin fines de lucro, exacerbando las tensiones entre el régimen del presidente Ortega y la iglesia local.

El gobierno de Nicaragua ha disuelto 15 ONG como parte de su represión contra grupos religiosos y esfuerzos humanitarios. Desde 2018, el gobierno ha cerrado más de 5,400 ONG, desafiando directamente los derechos de los nicaragüenses y de las organizaciones internacionales que operan en el país.

Save the Children, que operaba en Nicaragua desde 1986, informó que trabajaba en cuatro áreas principales: educación, salud y nutrición, gobernanza de los derechos de los niños y protección. La organización sufrió un duro golpe en sus operaciones tras ser clausurada por el régimen de Ortega.

Represión religiosa

La acción más reciente forma parte de una represión más amplia contra las organizaciones religiosas. Según declaraciones del gobierno, varias fundaciones religiosas fueron cerradas por "no cumplir con sus obligaciones". Esto marcó un esfuerzo intensificado del régimen de Ortega para controlar y restringir la influencia de las organizaciones religiosas críticas a sus políticas autoritarias.

Los intentos del gobierno nicaragüense de cerrar organizaciones religiosas han generado críticas internacionales. En 2024, el régimen disolvió alrededor de 1,700 organizaciones, incluyendo 678 entidades cristianas.

La comunidad cristiana en Nicaragua ha estado en conflicto con el régimen de Ortega durante años, con líderes religiosos denunciando abusos a los derechos humanos, incluyendo la represión violenta de manifestantes y restricciones a la libertad de expresión. En enero de 2024, varios líderes cristianos, incluido el obispo Rolando Álvarez, fueron deportados a la fuerza.

El alarmante ataque contra ONG y organizaciones religiosas forma parte de una campaña más amplia y sistemática para sofocar la disidencia en Nicaragua. Los medios de comunicación independientes han enfrentado una persecución similar, con muchos periodistas huyendo del país o siendo detenidos. Actualmente, la nación ocupa el puesto 30 en la Lista Mundial de Persecución 2025.