Puertas Abiertas • 23 abr. 2025
El gobierno nigeriano se resiste a reconocer los casos de persecución violenta contra cristianos (foto representativa)
La preocupación crece en Nigeria por las amenazas dirigidas a dos líderes cristianos, Wilfred Anagbe y Remegius Ihulya, quienes testificaron ante el Congreso de Estados Unidos sobre las masacres de seguidores de Jesús en Nigeria. Esto ocurrió en medio del aumento de asesinatos y ataques a comunidades cristianas antes de la Pascua, la semana pasada.
Se reveló que, después de la declaración, Anagbe fue advertido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nigeria para que “tuviera cuidado con sus palabras” antes de hablar. También se enviaron advertencias anónimas por separado a Ihulya. Un mensaje afirmaba que “podría haber” una orden de arresto contra el líder cristiano. Sin embargo, el origen de las advertencias sigue siendo un misterio.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nigeria intentó defenderse, acusando a los clérigos de tergiversar los hechos. “Sus testimonios distorsionan los hechos y simplifican en exceso un desafío nacional profundamente complejo”, declaró el Ministerio, aunque reconoció que sus declaraciones están amparadas por el derecho a la libertad de expresión que garantiza la Constitución nigeriana, aunque no esté de acuerdo con ellas.
Lo cierto es que el gobierno de Nigeria no logra hacer frente a la violencia contra los cristianos provocada por la persecución religiosa. La repetición de casos de secuestro como los de Chibok y Leah Sharibu, o los ataques en serie que dejan miles de muertos, heridos y, sobre todo, desplazados internos, son reflejo de las carencias que enfrenta la comunidad cristiana en el país. Aquellos que se atreven a denunciar esta realidad, como Deborah Samuel y Rhoda Jatau, pierden la vida, la libertad o, como en el caso de los dos líderes cristianos recientemente, se convierten en blanco de amenazas y opresión.
A pesar de los desafíos recientes, los cristianos consideran una victoria la reciente declaración del tribunal regional de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que reconoció como ilegales las leyes de blasfemia en Nigeria. Dicha ley se utilizaba con frecuencia para justificar ejecuciones por linchamiento en las calles del norte de Nigeria contra quienes eran considerados violadores de la sharía.
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