Puertas Abiertas • 20 feb. 2022
La Iglesia Ortodoxa es una de las pocas que tiene permiso del gobierno para operar en Eritrea
El líder cristiano de la Iglesia Ortodoxa, Abune Antonios, falleció el pasado miércoles 9 de Febrero del presente. Fue destituido de la iglesia en Eritrea y estuvo bajo arresto domiciliario en Asmara desde 2006. Antonios tenía 95 años y padecía una severa diabetes.
En 2003, Antonios se convirtió en líder cristiano y entró en desacuerdo con el gobierno eritreo por la intervención de las autoridades en asuntos de la iglesia. En agosto de 2005, el Sínodo de Eritrea se reunió con el objetivo de eliminar toda la autoridad ejecutiva de Abune Antonios. Entre las acusaciones contra el líder cristiano se encuentran la resistencia de desalojar a 3.000 miembros de Medhane Alem, un movimiento de escuelas dominicales ortodoxas y sus exigencias de que el gobierno libere a los cristianos encarcelados acusados de traición.
En enero de 2006, las autoridades notificaron a Antonios que sería destituido como líder de la iglesia y puesto bajo arresto domiciliario. Un año después, le decomisaron su identidad y el gobierno eritreo sacó a Antonios de su casa por la fuerza y lo mantuvo detenido en un lugar no revelado.
El 16 de julio de 2017, las autoridades permitieron a Antonios hacer una aparición pública por primera vez en más de una década. Tres días después, el gobierno trasladó a Antonios a otro lugar para mejorar sus condiciones de vida. El líder cristiano permaneció incomunicado y se le negó la atención médica para la diabetes.
La muerte de Antonios llega cuando se cumplen dos décadas de estricto control estatal sobre la iglesia en Eritrea. El 24 de mayo se cumplirán 20 años desde que el gobierno anunció que sólo reconocería a cuatro grupos religiosos y prohibiría a todos los demás que no hubieran solicitado su registro, tras un decreto gubernamental de 1997.
Desde entonces, todos los cristianos que desean rendir culto a Cristo fuera de los grupos reconocidos lo hacen en secreto. Sin embargo, incluso los cristianos y las iglesias pertenecientes a grupos exentos padecieron diferentes niveles de intervención, como la incautación de los diezmos, el cierre de servicios como escuelas y clínicas. Todos los actos que el gobierno considera de resistencia son castigados incluso con la cárcel.
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