Puertas Abiertas • 18 ene. 2021
Incluso en las reuniones de conciliación, los líderes continúan presionando a la pareja (foto representativa)
El recién convertido Braulio y su esposa Regina viven en un pequeño pueblo de sólo 526 habitantes en el estado oriental de Hidalgo, México, y ya saben lo que es enfrentarse a la hostilidad por causa de su fe en Jesús. En la región, la persecución religiosa es una realidad para aquellos que deciden dejar atrás las creencias tradicionales de la comunidad. Los cristianos han estado bajo una fuerte presión para abandonar la fe o enfrentar las consecuencias al elegir el evangelio.
En 2020, la pareja comenzó a asistir a una iglesia local dirigida por el pastor Pedro Hernández y no tardaron en darse cuenta de que seguir a Cristo es un acto de valentía. Desde el momento en que comenzaron a reunirse con los cristianos locales, los líderes de la comunidad comenzaron a hostigar a los cristianos y a presionarlos para que abandonaran su fe en Jesús. La presión es tan intensa que la familia corre el riesgo de ser expulsada de la ciudad.
En noviembre, las autoridades locales eligieron a Braulio como uno de los delegados de la ciudad para el 2021. Pero cuando se dieron cuenta de que seguía a Jesús, una creencia diferente de la fe católica local, lo llamaron ante la Asamblea para despedirlo. Las autoridades no sólo le quitaron la responsabilidad que se le había asignado. También amenazaron con cortar los servicios de agua y electricidad de su casa y expulsarlo con toda la familia de la ciudad.
El 1 de diciembre, las autoridades convocaron nuevamente a Braulio para asistir a otra audiencia para interrogarlo sobre la nueva fe. Al final de la audiencia, le exigieron que realizara las actividades, rituales y fiestas religiosas, argumentando que era su deber ayudar, como residente. Braulio defendió el derecho a elegir libremente la fe y a negarse a participar en otras creencias religiosas. Aunque la audiencia terminó sin que se le impusiera ninguna sanción a Braulio, se mantuvieron las amenazas de expulsión y de corte de los servicios esenciales.
La familia no tiene ahora ninguna asistencia pública, incluido el acceso a la atención de la salud, la escolarización de sus hijos y el derecho a utilizar el cementerio local para los entierros. Colaboradores de Puertas Abiertas en México acompañan a la familia, ofreciéndole apoyo emocional, material y legal. Se contrató un abogado con el fin de organizar una reunión de conciliación y tratar de llegar a un acuerdo con las autoridades locales, pero hasta ahora no ha habido ninguna respuesta positiva.
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