Entiende mejor la polémica sobre las leyes en Bolívia

El mayor problema de la enmienda del Código Penal de Bolivia, que causó tanta controversia, es su ambigüedad, afirman analistas de Puertas Abiertas. En la subsección 1 del artículo 88, sobre tráfico humano, él dice que "reclutamiento de personas para participación en conflicto armado o en cultos u organizaciones religiosas" sería una ofensa digna de castigo. La ambigüedad podría fácilmente resolverse aclarando que la medida se aplica solamente al tráfico humano que podría suceder dentro de grupos religiosos.

Además, el concepto de "reclutamiento" y "cultos y organizaciones religiosas" debería estar bien definido. Cualquier estudiante de derecho conoce el hecho que los términos de las leyes deben ser los más claros posibles, no dejando margen a la duda o errores de interpretación. Sin embargo, una fuente segura de Bolivia dice que el problema es que "el pueblo tiene una profunda desconfianza del presidente y del vicepresidente. Ellos tienen la tendencia de reinterpretar o ignorar garantías constitucionales contrarias a su agenda. Nadie cree que el presidente vaya a tratar honestamente y justamente con la nueva ley ".

UN AMBIENTE DE PERSECUCIÓN RELIGIOSA A LOS CRISTIANOS

Un posible escenario es que la ambigüedad en la ley haya sido intencional. Una base para ello es que el ambiente religioso se ha vuelto más hostil desde que el presidente Evo Morales asumió el poder en 2006. La otra base es que el artículo 88 del nuevo Código Penal prácticamente copia el artículo 281 del antiguo Código Penal (refundido en 2012). Pero amplía el término "sectas religiosas" para "organizaciones y cultos religiosos".

Por varios años, Bolivia formó parte de la Lista Mundial de la Persecución. Una de las razones para ello es la controvertida ley 351, aprobada en marzo de 2013, que regula que las iglesias y las organizaciones religiosas tienen que convertirse en una personalidad jurídica. Con eso, las iglesias tienen que proporcionar información detallada sobre su membresía, su actividad financiera y organización de su liderazgo. Iglesias que no se registraran en dos años perderían el derecho de existir.

Líderes de la iglesia protestante aseguran que esa medida da al gobierno poder regulatorio sobre cuestiones internas de la iglesia, restringiendo así la libertad religiosa. La ley 351 impone altas tasas sobre iglesias católicas y protestantes, lo que lleva a muchos a temer que su organización sea disuelta como resultado de la presión impuesta por Evo Morales. Oremos por la Iglesia Perseguida en Bolivia, que pasa por ese momento tan delicado. Que los líderes cristianos tengan sabiduría para posicionarse y que la iglesia sea fortalecida.